LA MODIFICACIÓN del anteproyecto de ley educativa en lo relativo a garantizar la elección del español como lengua vehicular en la enseñanza es tan sorprendente como inadmisible. El Ministerio modificó en 24 horas el borrador inicial. Si el lunes, el documento obligaba a las comunidades autónomas a asegurar la escolarización en español, pagando si fuera necesario un colegio privado para ello a quien lo reclamara, ayer martes desaparecían las garantías para exigir ese derecho. De la redacción final se han caído partes claves del texto, como el precepto de que el castellano se utilice en las clases «en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas».
En el nuevo borrador, esas «proporciones» y el propio derecho de la elección de lengua se restringen a que el sistema «procure el dominio de ambas lenguas oficiales». Ése ha sido precisamente el argumento de la Generalitat de Cataluña para incumplir incluso las sentencias del Supremo que le instan a garantizar la escolarización en castellano.
Dado que entre el lunes y el martes por la tarde lo único reseñable en torno al anteproyecto fueron las amenazas de la Generalitat de Cataluña, todo lleva a pensar que el Gobierno se ha rendido ante ese pulso. Homs, portavoz del Govern, fue rotundo al advertir que incumpliría la futura ley. Aseguró que era «inaplicable» y que la comunidad educativa no la aceptaría.
El cambio de posición de Wert, reculando y dejando en la práctica las cosas como estaban, ni siquiera sirvió para apaciguar a la consejera Rigau, que ayer abandonó abruptamente la reunión convocada por el ministro con los consejeros autonómicos de Educación sin tan siquiera escucharle.
Está claro que Mas pretende usar esta polémica para recuperarse del varapalo del 25-N. Por lo pronto, ha convocado para hoy una reunión de urgencia de los partidos catalanes que respaldan la inmersión lingüística. Lo sorprendente es que en ese grupo liberticida aún esté el PSC. Así jamás levantará cabeza. La política de inmersión, que conculca el derecho a elegir la lengua vehicular, que impide estudiar a muchos españoles en español, ha sido enmendada por el Supremo, sin que la Generalitat haya acatado sus resoluciones.
Resulta desconcertante y descorazonador que el impulso del Gobierno para garantizar que los españoles puedan educarse en español, independientemente del lugar del país en que residan, sólo haya durado unas horas. Lo que parecía un paso decidido en defensa del bilingüismo real se ha esfumado. A expensas ahora de su trámite parlamentario, el documento que ha acabado proponiendo el Ministerio queda redactado de forma torpe, confusa y caótica. Eso demuestra que Wert está a punto de rendirse ante la amenaza de unos talibán que usan la lengua como arma y herramienta para la construcción nacional en lugar de como instrumento para la convivencia.
Los colectivos en defensa del bilingüismo y de la elección de lengua critican con razón el anteproyecto de ley, que obligará a los padres a tener que seguir recurriendo a los tribunales. Es frustrante que la mayoría absoluta del PP ni siquiera sirva para arreglar eso.