La juez cita a Zougam para saber si las testigos del 11-M mintieron

Da la oportunidad de defender su inocencia al único condenado como autor material de la matanza que denunció por falso testimonio a las dos mujeres que le reconocieron

Dentro de las diligencias acordadas interrogará a su madre, a su hermana y a su hermano, que aseguran que esa mañana a la hora del atentado Zougam dormía en su domicilio

El marroquí Jamal Zougam, conversando por teléfono en el locutorio de la prisión de Villena, en diciembre pasado. / EL MUNDO

El único condenado por poner las bombas del 11-M será trasladado desde la cárcel de Villena (Alicante) hasta los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para que pueda defender en persona su proclamada inocencia. En una decisión insólita, la juez Belén Sánchez ha reconsiderado su negativa inicial a citar a Jamal Zougam, a su familia y al testigo más importante sin que en el procedimiento que se sigue por falso testimonio contra las dos testigos que determinaron su condena se haya producido ninguna novedad relevante.

Lo que sí ha ocurrido un día antes, pero en otro juzgado situado a escasos metros, en el mismo pasillo, es que se dictó un sobreseimiento libre tras constatarse que esas dos mujeres rumanas acusaron en falso a este diario de coacciones.

Zougam, su hermano Mohamed y su madre, Aicha, volverán el 18 de diciembre a un juzgado a reiterar la versión que han mantenido desde marzo de 2004: que, a la hora del atentado, el marroquí dormía en casa. Su hermana Samira, también citada, comparecerá por primera vez en sede judicial.

El marroquí Jamal Zougam saldrá de la celda de aislamiento en la que lleva casi nueve años recluido -y en la que está condenado a pasar prácticamente el resto de su vida- para ser conducido en furgón policial desde Villena hasta Madrid. La juez podía haber optado por que se le tomase declaración por exhorto ante los juzgados de la localidad alicantina, pero ha preferido valorar su credibilidad con su presencia física inmediata.

Hasta la fecha, la juez Belén Sánchez, que está afiliada a la asociación de sensibilidad progresista Jueces para la Democracia, había bloqueado, con el apoyo de la fiscal Rosa Mayoral, todas las iniciativas planteadas por los abogados de Zougam.

Contra su opinión, la juez se vio obligada a admitir la querella porque la Audiencia de Madrid le ordenó imputar a las testigos para investigar si «pudieron confabularse con la finalidad de alcanzar ciertos beneficios personales y económicos faltando a la verdad en las manifestaciones que realizaron en la vista del juicio oral». Después, mantuvo su rechazo a citarlas y descartó todas las pruebas testificales que se le habían pedido.

Súbitamente, sin que se haya producido ninguna novedad en ese procedimiento -la Audiencia Nacional no ha enviado la documentación que se le ha pedido y el Ministerio del Interior ha rehuido hacerlo-, la juez ha cambiado de criterio y ha estimado sendos recursos de reforma de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar.

El recurso de reforma es el que se presenta ante el mismo juzgado que ha tomado una decisión y es del todo excepcional en la práctica judicial que un juez revoque una resolución propia: en este caso, dos de golpe y, en ambos casos, con la añadida oposición de la fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 39, del que es titular Belén Sánchez, se encuentra en la sexta planta del edificio de la sede judicial de la Plaza de Castilla, puerta con puerta con el número 38, que un día antes había dictado en términos durísimos el sobreseimiento libre de la denuncia que las testigos habían presentado por coacciones contra este diario.

«En ningún caso se les requirió para decir algo diferente a lo que era verdad ni en absoluto se les intimidó para que lo hicieran», señala esa resolución. Respecto de una de ellas, que llegó a describir el ofrecimiento de un puesto de trabajo a cambio de perjurio o la advertencia de que la victoria del PP podría suponerle un problema, el juez dice que los hechos ocurrieron «contrariamente a lo que ella señaló».

La decisión de la juez Sánchez de citar a Zougam implica ya una revisión de facto de los hechos que fueron declarados probados en la sentencia del 11-M en un aspecto nuclear: la participación del único condenado por colocar las bombas. El marroquí fue detenido el 13 de marzo de 2004 junto a su hermano y su socio, de la misma nacionalidad, porque en su tienda de teléfonos del barrio multiétnico de Lavapiés se había vendido la tarjeta que apareció en la mochila bomba que no llegó a estallar y que la Policía encontró en una comisaría de Vallecas. El arresto de tres musulmanes en la víspera de las elecciones, cuando el Gobierno seguía sosteniendo la tesis de la autoría de ETA, precipitó el vuelco electoral del 14-M.

Su hermano y su socio fueron liberados en junio, sin que ninguna prueba pesase en su contra. Zougam, en cambio, sigue en prisión casi nueve años después porque dos mujeres rumanas que testificaron contra él después de que todos los medios de comunicación difundiesen su fotografía y en circunstancias extrañísimas que no fueron conocidas por el tribunal -tanto, que han sido imputadas por falso testimonio- mantuvieron en el juicio del 11-M que le habían visto en el tren de Santa Eugenia con una mochila.

El Tribunal Supremo estableció que la única «prueba de cargo» contra el marroquí son los testimonios de esas dos mujeres, ya que no se encontró ninguna conexión entre él y la célula islamista que atentó en los trenes, ni han aparecido huellas o restos suyos en los domicilios o vehículos que utilizaron.

De hecho, la Audiencia de Madrid, cuando ordenó la admisión de la querella, destacó la «trascendencia» que tuvieron, porque Jamal Zougam recibió «una pena de prisión de extrema gravedad con fundamento, precisamente, en las declaraciones que ahora se reputan falsas y cuya falsedad, de resultar acreditada, daría lugar a la revisión» de la condena.