EL NÚMERO de catalanes interesados en reformar el Estatuto no llegaba al 5% cuando José Luis Rodríguez Zapatero andaba enfrascado en una oposición con pocas expectativas de victoria. Tuvo entonces la ocurrencia de afirmar públicamente que él respaldaría, de ganar las elecciones, un Estatuto apoyado por mayoría suficiente. La reforma no interesaba al pueblo catalán, sí a su clase política que quiere mandar más. Ortega y Gasset le explicó a Azaña, con escaso éxito, adónde podía llegar la voracidad del nacionalismo secesionista de algunos políticos.
A la debilidad zapatética le tomaron la medida los dirigentes catalanes. Prepararon un Estatuto que era la bisagra para la secesión. Los barones socialistas más sensatos podaron el texto estatutario en el Congreso de los Diputados. El Tribunal Constitucional hizo lo mismo, aunque demasiado tarde. Los secesionistas se frotaban ya las manos, aunque ni siquiera el 50% del pueblo catalán acudió a las urnas para votar el Estatuto. Pero los vientos desencadenados por el expresidente se han convertido en tempestad. Responsable directo, no el único pero sí el más inmediato y significativo, del vendaval secesionista es, para la investigación histórica, José Luis Rodríguez Zapatero. Si entre mentiras y despropósitos dejó a Mariano Rajoy una herencia económica desastrosa, mucho peor es la herencia política, para algunos analistas en la misma frontera de la catástrofe.
Esta es la pura verdad, escueta y dura. Como también es verdad que Zapatero ha publicado un artículo -muy bien escrito, por cierto, que leer a Gamoneda para algo sirve- en el que el expresidente rectifica de plano sin entonar el mea culpa, ni el «no es eso, no es eso» de la honradez intelectual.
«Determinados líderes políticos catalanes -escribe Zapatero- parecen presentar la independencia como un tránsito a la soberanía real. Es falso. Es un tránsito a la soledad. A una soledad fría y ahistórica». Una Cataluña española «es algo con relevancia en el mundo». Una Cataluña sin España lo sería mucho menos. Se opone ahora Zapatero al derecho a decidir sin límites que «solo puede ejercerse si está reconocido por las leyes democráticas». El derecho a la autodeterminación, establecido para los pueblos que sufren colonialismo coactivo, no se puede aplicar sin barreras. Eso lo sabe todo el mundo menos los voraces secesionistas catalanes, zarandeados ahora por las sombras de la corrupción, lo que explica muchas cosas. Ni Cataluña ni Álava ni Tarragona ni Cartagena tienen derecho a decidir su independencia después de cinco siglos formando parte de la unidad de España. Ese derecho corresponde a la totalidad de los españoles, libres e iguales. El sufragio universal de los siglos no se borra por una ocurrencia política. «No se puede ser no dependiente de las reglas de oro constitucionales», escribe Zapatero. «El derecho a decidir debería ser ejercido en relación con la voluntad general de España, porque parece obvio que España tiene un interés legítimo en una decisión sobre el futuro de sí misma, de uno de sus territorios, faltaría más».
Los programas máximos conducen a la nada, según el nuevo Zapatero rectificante. Deconstruir siglos de convivencia no es deseable ni para Cataluña ni para España ni tampoco posible si se respetan las reglas de la Constitución. «Ni Cataluña se entiende sin España -concluye el expresidente- ni España sin Cataluña».
El expresidente, en fin, se inclina también por la necesidad de reformar la Constitución adaptándola a los tiempos nuevos, conforme a las experiencias de los últimos 35 años. Está claro que las nuevas generaciones deben sumarse al sistema constitucional. No hemos sabido hacerlo. El divorcio producido alarma a unos e indigna a otros. Y las cosas están claras: o hacemos nosotros la reforma constitucional desde dentro de la Constitución o nos la harán desde fuera los antisistema.
Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.