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  • Victoria Prego

Tortillas sin romper huevos

El Gobierno ha reaccionado para tapar un agujero por el que se le estaba escapando la traducción humana más trágica de la crisis económica nacional. Aprobando este decreto y anunciando que va a ser tramitado en las Cortes como proyecto de ley, ha ido todo lo lejos que podía para hacer un sucedáneo de tortilla sin tener que romper los huevos.

Y romper los huevos es lo que habría supuesto lanzarse a anunciar una reforma de la Ley Hipotecaria que, para que consiguiera dejar tranquilos a todos los afectados, tendría inevitablemente que dañar de manera gravísima a los bancos y al sistema financiero en su conjunto, lo cual supondría perder automáticamente cualquier mínimo nivel de crédito internacional.

El problema social que vive el país ahora mismo es peliagudo y ha llevado al límite la resistencia emocional de los españoles. La prueba es que políticos, jueces y hasta las propias entidades bancarias han reaccionado en los últimos días, y todos lo han hecho en el mismo sentido aunque en diferente grado. La conclusión compartida es: hay que impedir que las personas se vean empujadas a situaciones límite. Todos de acuerdo en eso.

Pero, a continuación, se plantea una cuestión delicadísima: la de hasta dónde se estiran el paraguas del Estado y el mensaje que se envía a la población, a las instituciones internacionales y, por supuesto, a los mercados.

Un mensaje que no se puede de ninguna manera mandar es el de que todo aquel que no pague su hipoteca recibirá la comprensión e incluso la ayuda públicas. El retorno en la práctica de una idea así podría llegar a suponer el hundimiento de nuestras entidades financieras. Son cientos de miles de millones de euros los que los bancos tienen en manos de los ciudadanos y, como me comentaba ayer un buen conocedor del asunto, con que dejaran de cobrar el 10% del dinero prestado, esas entidades llegarían al colapso. Y el colapso de los bancos significaría el de todos los que tienen su dinero depositado en ellos y a través de ellos cobran sus sueldos o sus pensiones. Es decir, el colapso del país.

Y tampoco puede parecer que de alguna manera se invita a una parte de la población a que no asuma los compromisos contraídos porque, si la cosa se le pone fea, podrá cargar sus deudas sobre las espaldas de la otra parte, la que sí los asume y paga sus hipotecas.

Por eso no resulta sorprendente que, ante este angustiado movimiento de urgencia que se ha producido en España en las últimas semanas, la Comisión Europea hiciera una primera y discreta llamada de atención. «No se nos ha informado de las medidas», dijo. Pero lo que quiso decir en realidad fue: «Ojo con pasarse de frenada, que el mercado hipotecario es una pieza esencial del engranaje del sistema y no se puede tocar alegremente». En la tramitación parlamentaria de este decreto para convertirlo en ley, el Gobierno podrá llegar más lejos de lo que lo hizo ayer. Pero tendrá que aplicarse a hacerle la manicura, y no una poda, a la Ley Hipotecaria, porque hay cosas muy importantes en juego.

Es obligado salvar a los más débiles e indefensos, los que han sido atropellados por esta crisis feroz y se han visto en la calle sin esperanza de recuperación. Pero también es obligado en este asunto hilar muy fino.