Pere Navarro, junto al 'número dos' del PSC en la lista por Barcelona, Maurici Lucena, ayer durante la presentación del programa electoral. / A. MORENO
Siempre que tiene oportunidad, Pere Navarro recuerda que ni él ni su partido, el PSC, votarían a favor de la independencia de Cataluña. Sin embargo, eso no significa que los socialistas catalanes vayan a renunciar a la gran bolsa de votos que lleva consigo el nuevo fulgor a favor del soberanismo o, en todo caso, del derecho a decidir de los catalanes sobre su futuro.
Y así lo han plasmado en el programa electoral con el que concurrirán el 25 de noviembre y que fue aprobado ayer -con un voto en contra- por el Consejo Nacional del PSC. El programa ha convertido la reforma de la Constitución en su gran objetivo. La modificación de la Carta Magna, señalan, debería reflejar explícitamente «el derecho a decidir a través de un referéndum» para dar respuesta «al malestar creciente en torno a las relaciones entre Cataluña y España». La votación popular se celebraría dentro del marco de la legalidad; es decir, acordándola entre Cataluña y el Gobierno central. Se elude, de esta manera, el concepto de «consulta» sobre el que se sustenta el desafío de CiU a la legislación actual.
La reformulación de la Constitución que promueve el PSC persigue como gran meta la conversión del actual modelo autonómico en un Estado federal similar a «los países más avanzados: Alemania, Canadá y EEUU». El cambio de escenario, además de garantizar «el reconocimiento de la identidad nacional catalana» y su «singularidad dentro de España», señalará «con precisión» qué competencias seguirían en manos del Gobierno y cuáles -la gran mayoría, según el listado aprobado ayer por los socialistas- pasarían a las «naciones» de la federación.
Según el programa del PSC, el Gobierno central únicamente mantendría bajo su responsabilidad la defensa, la representación exterior, la firma de tratados internacionales, la protección civil en caso de desastres y una parte de la fiscalidad del presupuesto común. En cambio, la Cataluña federal tendría en exclusividad, y sin posibilidad de «conflicto» o «deslealtades» -en palabras del propio Navarro-, todas las áreas básicas: desde la educación o la sanidad, pasando por la vivienda, la lengua, la cultura, el derecho civil, la justicia o la seguridad. En el capítulo de competencias compartidas entre ambos socios, pocas dudas quedan al respecto: «Las menos posibles».
Otra de las grandes carpetas contenidas en el programa es la que trata sobre la economía y, especialmente, sobre el actual sistema fiscal. Para el PSC, la creación del Estado federal debería traer consigo «un trato económico justo para Cataluña».
Para ello, y tal y como apoyó en el Parlament durante el debate sobre el pacto fiscal propuesto por CiU, los socialistas apuestan por la creación de una Agencia Tributaria catalana propia. En esta oficina participaría el Gobierno federal, pero la gestión de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña estaría en manos catalanas.
Las promesas electorales del PSC también incluyen el compromiso pronunciado ayer por Pere Navarro de no ejecutar más recortes ni en sanidad ni en educación, compensando el déficit en ambas áreas con la recuperación del Impuesto de Sucesiones o elevando la retención al 60% del IRPF a quienes ganen más de un millón al año. El programa del PSC también apunta hacia la supresión de algunas de las medidas más impopulares del Govern de Artur Mas, como son el euro por receta o la tasa turística.
Destaca, asimismo, el guiño -insuficiente, según alguna voz crítica escuchada durante el Consejo nacional- a los movimientos sociales como el 15-M y sus exigencias para que haya una «regeneración» política. Para tratar de recoger parte de este eco, el PSC se compromete a promover un gran acuerdo para apartar temporalmente del cargo y del partido a cualquier político imputado.
El PSC reserva para las últimas páginas una carga de profundidad contra CDC por el caso Palau. En ellas apoya una reforma del Código Penal para que los partidos «respondan» si obtienen beneficios en algún delito contra la Administración cometido por sus cargos.