El consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se acercó a su colega catalán, Boi Ruiz, que acababa de atender a los periodistas en un pasillo del ministerio. «Voy a ir a Cataluña y te voy a hacer oposición». Y antes de que se oyeran las risas, los dos se abrazaron. Un instante después, repuestos de la broma medio en serio medio en ídem, Echániz tomó del brazo a Ruiz y le contó:
- Oye, lo del seguro es un mínimo. Cada comunidad fijará el precio, pero siempre a partir de esa cifra. Y la prestación de farmacia queda fuera.
- Ah, ¿un mínimo? Pues yo pensaba que era igual para todas.
Era ya la hora de comer, la hora del Telediario de las tres, y el consejero catalán se perdió Paseo del Prado abajo con un argumento más para digerir la novedad del día.
Los inmigrantes sin papeles que quieran recibir asistencia sanitaria pública tendrán que pagar «como mínimo» 711 euros al año si son menores de 65 años y 1.864 si superan esa edad. Son las dos cantidades que establece el Convenio Especial de Atención Sanitaria para personas que no tienen la condición de aseguradas, marca imprescindible para recibir asistencia desde que en abril el Gobierno cambió el modelo de sistema sanitario de atención universal que regía en España.
El Convenio fue aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque las comunidades socialistas volvieron a jurar que seguirán prestando todo tipo de atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados.
Los dos precios ya se conocían, pero no que se tratara de una cantidad mínima. Cada comunidad podrá suscribir ese convenio con la persona en cuestión a partir de esa cifra y subirla según los parámetros que quiera -por ejemplo, la renta per cápita, dijo Echániz-. Pero nunca rebajarla. El seguro no da derecho a descuento en los fármacos (se pagará el 100% del precio), ni al acceso al transporte sanitario, ni a la adquisición de prótesis externas.
La medida, que afecta también a los españoles que ganen más de 100.000 euros y no hayan cotizado nunca o a los extranjeros cuyo país no tenga acuerdo con España para pagar la asistencia que reciban aquí, provocó críticas en persona y por Twitter. «Eran inmigrantes sin papeles... ahora son #InmigrantesSinMedicina», escribió Elena Valenciano, número 2 del PSOE. La Federación para la Defensa de la Sanidad Pública ve un trasfondo: «Tanto en el precio como en las prestaciones, estos convenios favorecen la opción del aseguramiento privado».
«Videoconferencia»
En el PP hubo otro lenguaje: «La gente que haya quedado fuera tiene una nueva vía para recibir las prestaciones de la cartera de servicios, a excepción de la prestación farmacéutica. En nuestra comunidad, unos 5.000 inmigrantes», dijo el consejero castellano-leonés, Antonio Sáez.
Todo pasó en el Consejo más insulso de la historia sanitaria. «Ha sido prescindible. Podíamos haberlo hecho por videoconferencia», ilustró la consejera andaluza, María Jesús Montero. Igual por eso la ministra Ana Mato no dio rueda de prensa, una ausencia insólita. Así que para el final quedó Echániz, médico, responsable de Sanidad en el PP, consejero y hombre de partido con voz, ayer, de Gobierno. O casi. Admitió el «intenso debate» en algunos puntos. «El de los presupuestos», concretó Boi Ruiz. «Nos quitaron 80 millones el año pasado y ahora otros 40. Lo más grave está en los recortes para investigación», contaban los andaluces.
Echániz hizo cálculos: «La nueva financiación farmacéutica (copago) ha ahorrado 40 millones de euros en dos meses, un millón al día. Y la aportación media de los pensionistas no ha superado los cuatro euros». Para Andalucía y el País Vasco, esas cuentas son «prematuras». Montero: «El impacto hay que calcularlo año a año. Ha bajado el número de recetas, pero ¿eso es bueno o malo? Depende. Económicamente es bueno, pero si es porque los más desfavorecidos y los pensionistas no adquieren fármacos porque no los pueden pagar, puede pasar que dentro de un tiempo sufran efectos secundarios y tengan que ser tratados en la especializada. Al final, más gasto».