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El Gobierno pagará a colegios en español en Cataluña y Baleares

Quiere garantizar el derecho a elegir de los padres en las comunidades bilingües / Achaca al modelo educativo el auge del independentismo

El Gobierno pagará a colegios privados para que enseñen en castellano en las comunidades autónomas con lengua cooficial donde las autoridades se niegan a ofrecer una educación vehicular en este idioma. Su intención es resolver durante esta legislatura el problema por el que los padres de algunas regiones españolas -sobre todo, Cataluña (CiU) y Baleares (PP)- no pueden elegir la lengua de aprendizaje de sus hijos.

Según adelantaron a EL MUNDO fuentes del Ministerio de Educación, este departamento estudia la posibilidad de firmar convenios con centros privados para que den clases en castellano en las comunidades bilingües que no garantizan este derecho y financiar con subvenciones estatales el coste suplementario de esta enseñanza. El ministro José Ignacio Wert achacó ayer el auge del independentismo al rumbo que ha tomado el modelo educativo en España.

Durante una entrevista en Telemadrid, Wert aseguró que están «firmemente decididos» a garantizar el derecho constitucional de los padres a elegir la lengua de aprendizaje de sus hijos. «En esta legislatura ese tema va a tener una resolución práctica, porque el problema no es lo que diga la ley, que dice bien claro que todo alumno tiene derecho a una educación vehicular en castellano, sino que se va a hacer efectivo ese derecho. Yo garantizo que lo vamos a hacer», prometió el ministro de Educación, Cultura y Deportes.

¿Cómo lo hará? Las fuentes consultadas aseguran que se han estudiado varias fórmulas, incluido un cambio legislativo, aunque esta vía es la que se ve menos práctica porque llevaría «como mínimo tres años» desarrollarla.

La firma de acuerdos con centros de educación privada para que ofrezcan enseñanza en castellano es, en cambio, la opción más probable. Su argumentación legal estaría radicada en que la Administración central puede, en determinados momentos, cumplir una función subsidiaria si en algunas comunidades autónomas se ve que no hay ningún colegio público ni concertado que utiliza el castellano como lengua vehicular. Si no es el caso, la situación seguiría como hasta ahora. Pero si hay algún padre que no logra escolarizar a su hijo en español, se pondría en marcha una serie de conciertos con colegios privados para garantizar la libertad de elección. Los padres que así lo demandaran podrían llevar a sus hijos a estos centros y el coste suplementario de esta enseñanza lo subvencionaría el Ministerio de Educación.

Actualmente, los servicios jurídicos del Ministerio se encuentran realizando un informe para analizar los posibles problemas competenciales de esta fórmula, dado que la gestión de la educación está transferida a las comunidades autónomas. En el entorno de Wert son conscientes de las nuevas ampollas que podría levantar esta propuesta entre los nacionalistas. Los ánimos ya están bastante encendidos, sobre todo después de que Wert anunciara incluir, en su anteproyecto de ley educativa, un incremento del 10% en el porcentaje de contenidos educativos que fija el Estado en detrimento de los que ahora tienen los gobiernos regionales.

Tanto en el País Vasco como en Cataluña han arremetido contra el ministro de Educación, el único miembro del Gabinete que se ha atrevido a coger la sartén de las autonomías por el mango frente a una «dispersión de contenidos inmanejable». «No podemos permitirnos 17 sistemas educativos con diferencias de rendimiento y, por tanto, diferencias de oportunidades», dijo ayer Wert en Telemadrid. Y afirmó que «hay algunas evidencias» que relacionan el crecimiento del sentimiento independentista en algunas comunidades autónomas «con la dirección que ha llevado el sentido educativo».

Esta situación se da incluso dentro de su partido. El Gobierno balear del PP, sin ir más lejos, impide a una madre escolarizar a sus hijos gemelos en castellano, tal y como informó este periódico. En esta comunidad hay colegios que incluso han suprimido la clase de Lengua Española del horario.

Y en Galicia, donde el popular Alberto Núñez Feijóo prometió libertad de elección, «no está garantizado el derecho a ser escolarizado en la lengua materna del alumno», según denuncia la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago.

El problema es muy claro en Cataluña, cuyo Gobierno directamente se niega a cumplir las sentencias que obligan a ofrecer enseñanza en castellano, y, en menor medida, en el País Vasco (PSE) y en la Comunidad Valenciana (PP).

Por cierto, que la fórmula de concierto con los colegios privados que prepara Wert ha sentado como un jarro de agua fría a los colectivos que llevan años defendiendo la libertad de elección lingüística.

Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, dijo a este diario que la medida es un «escándalo» porque supone «aceptar que comunidades como Cataluña pueden incumplir la ley impunemente y sin consecuencias». «Es de una cobardía política inaceptable por parte del ministro», denunció, y recordó que, en esta comunidad autónoma, determinados colegios «de alto standing» enseñan ya sólo en castellano, previo pago.

Para estos padres, la solución pasa por que actúe la Alta Inspección, organismo del Ministerio de Educación que tiene como función velar por los derechos lingüísticos de los escolares y que, según denuncian, «no ha actuado nunca».

Los colegios, por su parte, se frotan las manos con la propuesta. Preguntado por esta cuestión, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), Antonio Rodríguez-Campra, afirmó: «A falta de conocer el alcance de la medida, y siempre que vaya en defensa de la libertad de enseñanza y de los proyectos educativos de los centros, nos parece muy buena idea y una solución factible».

Queda por resolver una pequeña cuestión: ¿con qué dinero va a pagar Educación a los nuevos profesores?