El director general de la Policía dejó claro ayer que quiere que los detenidos declaren en la Audiencia Nacional, no ante un juez ordinario de Madrid. «En el día de ayer se produjeron sucesivos disturbios muy graves y se cometieron delitos contra las Cámaras, competencia de la Audiencia Nacional. Así se han instruido los atestados de los detenidos [...] Un intento de allanamiento del Congreso, por muy débil que sea, es un ataque al Estado de Derecho», declaró Ignacio Cosidó en la Comisión de Interior del Congreso.
El máximo responsable policial apuntaba así al bloque de delitos que el Código Penal recoge bajo la rúbrica de «delitos contra las instituciones del Estado», competencia de la Audiencia. Este tribunal ya tiene abierta una causa contra ocho supuestos inductores de las marchas. Se les imputa el artículo 494, que castiga con penas de seis meses a un año de cárcel a quienes «promuevan, dirijan o presidan manifestaciones [...] ante las sedes del Congreso de los Diputados, [...] cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento».
Como si estuviera leyendo ese artículo, Cosidó añadió: «A mí no me corresponde juzgar, pero la intención de quienes ayer agredieron a la Policía era alterar el funcionamiento del Congreso». La intencionalidad de los detenidos es clave para dirigir la causa judicial a la Audiencia o a otro juzgado, según resaltaron ayer asociaciones de magistrados y fiscales. Jueces para la Democracia afirmó ayer que los hechos no eran competencia de la Audiencia.
Las palabras de Cosidó también sugieren una imputación por el artículo 495, que castiga con penas de tres a cinco años de cárcel a los que «portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso». La misma pena, dice el artículo 493, recaería en quienes «invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso [...] si están reunidos».
Según el director de la Policía, los detenidos «actuaron de forma organizada y estructurada, todos ellos armados con escudos, palos, piedras, botes y objetos contundentes que lanzaron a la Policía». Según fuentes policiales, cuatro de los 35 detenidos tienen antecedentes, uno de ellos por homicidio. Otro es menor de edad.
Sólo en el caso de que se mantuviese la imputación por esos delitos contra las instituciones la causa sería competencia de la Audiencia, que anoche no había recibido noticia de los arrestos. De lo contrario, antes o después acabará en un juzgado de Madrid por delitos como atentado contra agentes de la autoridad, resistencia, daños, lesiones y desórdenes públicos, a los que se podría llegar a sumar el de asociación ilícita.
De momento, los ocho imputados por promover los actos están citados ante el juez Santiago Pedraz el 4 de octubre. Sus defensas reclamaron el lunes el archivo. La Fiscalía se opuso ayer en un escrito en el que pedía que la Policía informara de si se habían producido incidentes relacionados con los delitos contra las instituciones del Estado.