Artur Mas elevó ayer el listón de su enfrentamiento con el Estado al comprometerse en el Parlament a convocar una consulta de autodeterminación en Cataluña aunque no esté autorizada por el Gobierno.
El artículo 149 de la Constitución establece como «competencia exclusiva del Estado» la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».
Mas, por tanto, sitúa ese reto institucional como eje de su programa de cara a las elecciones del 25 de noviembre. Ésa, pues, será su campaña.
¿Qué puede hacer el Gobierno ante ese inusual desafío hecho desde una institución que forma parte del propio Estado? En principio, recurrir dicha decisión ante los tribunales. Pero, penalmente, la convocatoria no tendría ningún efecto.
El gobierno de Aznar introdujo en la ley orgánica 20/2003 una modificación del Código Penal que establecía penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a «la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello». Sin embargo, el gobierno de Zapatero derogó esa norma a través de otra ley orgánica (2/2005).
Resulta llamativo que la puesta en marcha de un proceso de secesión, a través de mecanismos abiertamente ilegales, no conlleve ningún tipo de sanción penal, mientras que 35 de los manifestantes detenidos por tratar de entrar en el Congreso de los Diputados puedan ser acusados de delitos contra la Nación.
La cosa no es como para tomarla a broma. Aunque el Gobierno esté concentrado en tratar de sacar a España del atolladero de la recesión, no debería menospreciar el reto político que se abre desde Cataluña, que también tiene consecuencias económicas.
Ayer era el influyente Financial Times el que llevaba como principal noticia de su portada la apuesta secesionista catalana como acelerador de la profunda crisis económica española.
La Bolsa cayó ayer casi un 4% y la prima de riesgo escaló hasta los 460 puntos. Sin duda, la inestabilidad política fue un elemento que influyó en esa desafección de los mercados.
Al final, no lo olvidemos, lo que aprecia el dinero es la estabilidad y la amenaza de secesión de Cataluña es un elemento que genera, por encima de todo, incertidumbre.
En España hemos llegado a una situación paradójica. Nuestra Constitución, que surgió fruto de un amplio consenso, ha crecido desprotegida. El Estado, en lugar de fortalecerla para defender una democracia que costó muchos años recuperar, se muestra inerme ante los retos secesionistas que, no por casualidad, se producen en momentos de penuria económica.
Aunque no sería bueno responder a las provocaciones con salidas de tono, que pueden ser utilizadas para alentar el victimismo (gran baza de los nacionalistas), sería deseable que el Gobierno trabajara ya en un plan B, listo para ser aplicado en el momento en que esas amenazas se concreten.