Si los episodios históricos fueron el motor de las reclamaciones independentistas, en un momento de crisis las reivindicaciones pasan a ser de tipo económico. Durante la manifestación de la Diada, se vieron pancartas con lemas como España nos roba y se lanzaron proclamas secesionistas ante el convencimiento de que los catalanes vivirían mejor en un Estado independiente.
El nacionalismo ha utilizado la economía para justificar sus aspiraciones, empezando por la reivindicación del pacto fiscal y acabando por la independencia, y lo ha hecho con todos los canales posibles: ya sea por boca de sus consellers o a través de las cuentas oficiales en las redes sociales de la Generalitat. En la de Twitter se podía leer este mensaje del Govern la semana pasada: «Cataluña paga al Estado 500 euros cada segundo en impuestos que no vuelven al país».
Una de las últimas campañas para argumentar la acusación de «expolio» que, según los nacionalistas, sufrirían los catalanes, la ha lanzado la fundación Catdem, vinculada a CDC. En concreto, ha presentado tres informes en los que analiza la viabilidad económica que tendría Cataluña en caso de ser independiente. Un estudio sobre el dinero que gestionaría la hacienda pública, contando los ingresos y las competencias que gestiona el Estado, indica que la Generalitat tendría un superávit de unos 922 millones de euros, con datos de 2009, y de 21.000 millones, con cifras de 2007.
Además, considera que Cataluña estaría por encima de la media europea del PIB per cápita. Otros informes fabulan sobre como debería ser una Agencia Tributaria catalana o el impacto «residual» de un hipotético boicot a los productos catalanes en caso de independencia.
La fundación publicó un vídeo en inglés en el que varios académicos, entre ellos el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, explican el afirmado «expolio fiscal».
Las reacciones de los expertos no se han hecho esperar. El economista del CSIC Ángel de la Fuente explicó a este diario que ese vídeo es «pura demagogia», ya que se realiza un cálculo «desequilibrado» y «con poco rigor» de la redistribución de la renta. Destacó que «no hay un expolio» hacia Cataluña, sino que, en un Estado del Bienestar, pagan más los que más tienen y su dinero revierte en quien más lo necesita, y eso se refleja en los saldos fiscales de cada región. Pese a esto, indicó que entendería una inversión en infraestructura mayor, ya que se hacen autovías o red ferroviaria en lugares que no tienen sentido, «otra cosa es que los ayuntamientos no te dejen hacer obras», comentó.
En el mismo sentido se expresó el empresario Alejandro López-Fonta, que pidió que en época de crisis se priorice la inversión finalista en Cataluña, como dar una salida más rápida a las mercancías del puerto de Barcelona, en vez de actuaciones en otras partes de España, como «los kilómetros de AVE que se han hecho» y que «pueden esperar a tiempos de mejora económica». López-Fonta también lamentó que en el siglo XXI «no haya un consenso ni una forma unitaria para calcular la cifra exacta entre lo que recauda y lo que se transfiere en Cataluña por las dos partes».
Además, recordó que «no se trata de un expolio fiscal, ya que es una situación legal que parte de un modelo de financiación concreto». El empresario también indicó que «cualquier decisión unilateral de la Generalitat sería un desastre económico y político para Cataluña, ya que nos dejaría fuera de Europa», y afirmó que «ningún gobierno debe saltarse el Estado de Derecho».
El profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, recordó que una Cataluña independiente deberá asumir «una mochila» de unos 180.000 millones de euros de deuda pública, además de financiar unas «nuevas y costosas» estructuras de Estado, «de las que no tenemos referentes sobre cual sería su precio». Incluso cree que muchas multinacionales se marcharían de Cataluña, lo que incrementaría una tasa de paro que «ya es muy alta».
«Hay que recordar que después nos hemos de mantener y encontrar quien nos financie», destacó Gay de Liébana, que indicó que la Generalitat debería asumir las pensiones que ahora paga el Estado. Por eso, es más partidario de un pacto fiscal que mejore la financiación.