Soledad Becerril, defensora del Pueblo, ayer. / P. TOLEDO
A Lucile la detuvieron junto a otras brasileñas que ejercían la prostitución. Fue acusada de delitos de prostitución y contra la salud pública y los derechos de los trabajadores. Era una sin papeles y fue enviada a un CIE. Allí, dos abogadas expertas en la atención a las víctimas de trata la encontraron «asustada y confusa» y pensaron que «ocultaba datos, quizá para proteger a alguien». Solicitaron la suspensión de su expulsión a Brasil porque sospecharon que era una víctima de las mafias del sexo de pago. Al día siguiente, cuando volvieron al Centro para hablar con ella, ya había sido devuelta a su país.
España tiene «comprometida gravemente» la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos. Presenta una «deficiente comprensión» sobre la conducta de esas mujeres. Al tiempo que les ofrece recuperación les pide que colaboren con la Policía, lo que las atemoriza. No sabe detectarlas debido a una «coordinación deficiente» de las administraciones. Sus policías de fronteras tienen «carencias formativas». Suma un número «bajo» de condenas a los tratantes. Y no siempre reconoce como refugiadas a quienes ya han sido víctimas y temen ser perseguidas al regresar a su país.
Al Gobierno no le va a gustar el informe La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, que ayer presentó la defensora del Pueblo. La investigación destapa deformaciones y lagunas legales en la Administración a la hora de detectar, proteger y recuperar a las víctimas de dos explotaciones: la laboral y la sexual. «Hay lagunas legislativas y de procedimiento, y hay posibilidad de remediarlas, como en los aspectos de acogida o asilo. Me entrevisté con varias víctimas y la situación es dramática», dijo ayer Becerril. «Yo solicité asilo y tras dos años me lo denegaron. No me creían. Yo no tenía más información sobre los hombres que nos trajeron, pero aquí se negaron a asistirme. Tengo miedo», dice una de ellas.
Hablamos de mujeres. Blancas del este de Europa y de alguna Sudamérica, y negras de África y la América restante. Mujeres traídas a las alcobas sórdidas de la prostitución o a los neones presuntamente inocentes que son esclavizadas sexualmente para pagar las deudas contraídas con sus tratantes, mafiosos de la carne. Ellos les pagaron el viaje al Primer Mundo y ellas se lo devuelven en el penúltimo. «Les debía 55.000 euros y he pagado 33.000. Si me negaba a prostituirme me decían que matarían a mi hija. Me la ponían al teléfono llorando...», ilustra una entrevistada.
Lucile no lo tuvo mejor. «La ley exige que la víctima proporcione datos esenciales para la investigación. Muchas víctimas colaboran, pero su testimonio no se considera suficiente al no aportar datos esenciales. Eso deja a la víctima en una indefensión y riesgo superiores a los que existían antes de colaborar».
El trabajo sostiene que «el número de víctimas finalmente detectadas es muy bajo en relación con las personas identificadas en situación de riesgo [una de cada 20]». En 2010 se detectaron 15.075 personas en riesgo, pero sólo se identificó a 1.641. Y en 2011, de 14.730 personas en peligro, se consideró víctima a 1.082.
El informe detalla las «carencias detectadas» en puestos fronterizos y enumera lo que se debería hacer. O sea, una presunción de lo que no se hace: «No causar daño, seleccionar adecuadamente al intérprete, evitar traumatizar de nuevo, no hacer la misma pregunta más de una vez aunque no se esté contento con la respuesta». Se critica que la Ley de Extranjería impida que las ONG expertas colaboren con las autoridades, lo que «está comprometiendo gravemente la eficacia de la identificación de las víctimas de trata».
El objetivo del llamado periodo de restablecimiento y reflexión es que la víctima se recupere y colabore con las autoridades. Pero por ese orden. Sin embargo, el informe denuncia que a la mujer se le ofrecen ambas cosas a la vez, un «automatismo» que les provoca miedo. Y por eso los números de rechazo a esa oferta son tan altos. En 2011, de 763 periodos ofrecidos, 680 fueron denegados o rechazados por la víctima. Sólo salieron adelante 98: indefensión de la víctima, impunidad del explotador.
El juzgado que llevó el caso de Lucile absolvió a la policía que la expulsó. Y consideró que ella y las demás «ejercían la prostitución de forma voluntaria, no siendo coaccionadas, ni amenazadas por los coimputados».