Inmigrantes entran en un centro sanitario de atención primaria de Barcelona en el día de ayer. / DOMÈNEC UMBERT
Interpretarla, acatarla o ignorarla. Tres opciones para 17 comunidades autónomas ante la reforma del Gobierno sobre la asistencia sanitaria que mañana, 1 de septiembre, entra en vigor. Galicia será la única comunidad del Partido Popular que no aplicará el cobro de la asistencia sanitaria a los sin papeles.
La Comunidad presidida por Alberto Núñez Feijóo se suma a otras autonomías que ya anunciaron su intención de seguir prestando asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes ilegales, lo que beneficiará a unas 9.000 personas afirman desde la Xunta.
Feijóo aseguró ayer que así lo hará porque las cuentas gallegas permiten «recoger frutos» que producen «beneficios económicos y sociales» para los ciudadanos. Eso sí, el Ejecutivo gallego exigirá para ello que se demuestre «una relación de vecindad» con Galicia, un padrón. A estas personas que acrediten su arraigo con la Comunidad gallega y que carezcan de recursos, se les dotará de un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que no pueden expedir tarjetas sanitarias, potestad del Ministerio de Sanidad.
Es el caso más destacado, por ser un Gobierno popular el que no aplique lo aprobado por el Gobierno, también del PP, pero no es el único. Andalucía, Asturias y País Vasco firmaron un documento asegurando que ellos no aplicarán el cobro de la asistencia sanitaria, al que se sumó Canarias.
Cataluña La Generalitat impondrá un sistema muy parecido, si no igual, al gallego, y mantendrá la cobertura sanitaria pública. En el caso de los extranjeros, el Gobierno de Artur Mas pondrá como requisito estar empadronado en algún municipio catalán un tiempo mínimo de tres meses, además de acreditar que tiene unos ingresos inferiores a la renta básica para la inclusión social.
Según explicó el conseller de Sanidad, Boi Ruiz, 600.000 ciudadanos empadronados en Cataluña dejarían de recibir atención sanitaria por este real decreto. Se trata de 420.000 españoles y 180.000 extranjeros. Ruiz explicó que durante los próximos seis meses estas 600.000 personas, que constituyen un 8% de la población catalana, continuarán teniendo asistencia sanitaria.
La administración sanitaria catalana dará, como sucederá en Galicia, a los ciudadanos extranjeros que no estén asegurados por la Seguridad Social un documento acreditativo para recibir atención primaria -urgencias, algunos programas sanitarios y la prestación farmacéutica con copago del 40%-. Para la atención especializada, cada región sanitaria tendrá una comisión que inspeccionará los casos concretos antes de autorizar su tratamiento que, según Ruiz, harán de «filtro» para evitar casos de turismo sanitario. Cuando pase un año en posesión del documento para la asistencia en Cataluña, se renovará junto con otro que permitirá un acceso a todo el sistema sanitario.
País Vasco Fue una de las primeras comunidades que comunicó que seguiría aplicando la gratuidad de la asistencia primaria, y ayer lo corroboró su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa.
«En Euskadi, los inmigrantes van a seguir siendo atendidos como debe ser», declaró Bengoa. El consejero criticó al Ministerio de Sanidad, al que acusó de buscar soluciones en «distintos grupitos» por lo que señaló que, si bien siguen estudiando cómo actuar a partir de septiembre, van «simplemente a desobedecer» el real decreto aprobado el pasado abril.
Andalucía, Asturias y Canarias El Servicio Andaluz de Salud (SAS) seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados «como hasta ahora». Así lo reiteró la consejera de Salud, María Jesús Montero, que resumió la postura de Andalucía con un «la novedad es que no hay novedad».
Asturias y Canarias se sumaron a la decisión de seguir dispensando la misma atención a través de un comunicado conjunto con País Vasco y Andalucía el pasado miércoles. En él, consideran que el respaldo social, político y profesional que existe actualmente en torno al Sistema Nacional de Salud «puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión».
Navarra El Gobierno navarro de UPN, aliado del PP en anteriores etapas políticas, aseguró que su Comunidad habilitará una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla. Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Yolanda Barcina desembolsará al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales en concepto de ayuda.
Madrid Esperanza Aguirre, presidenta madrileña, aseguró que su comunidad cumplirá todo lo recogido por el real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, y que seguirá tratando a inmigrantes con dolencias crónicas que ya estén en tratamiento; lo que no incluye «que empiecen a venir crónicos nuevos», declaró.
Madrid cumplirá el acuerdo adoptado hace dos días en la Conferencia Sectorial de Sanidad, y atenderá gratuitamente a los inmigrantes en situación irregular en urgencias, así como a las mujeres embarazadas y que den a luz, mientras que en el resto de los casos estas personas deberán estar suscritos a un convenio, pagando una cuota, para ser atendidos.
Valencia Otra de las comunidades insignias del PP, apuntó ayer a través del conseller del ramo, Luis Rosado, que habrá atención sanitaria para los sin papeles, pero con una diferencia al modelo anterior: se cobrará el servicio a aquellos que no dispongan de tarjeta de salud. Coste que, según especificó, se le cargará a su seguro, en el caso de que lo posea, a su país de origen si existe convenio bilateral o al propio paciente.
Castilla y León La Junta seguirá el mismo patrón y atenderá a los inmigrantes irregulares, entre 4.500 y 5.000 según sus cálculos provisionales. Antonio Sáez, consejero de Sanidad, así lo anunció. Además de las urgencias, los centros de atención primaria estarán abiertos a este colectivo y, posteriormente, se examinará la posibilidad de facturarles la atención médica. Si existen convenios con los países de origen de los inmigrantes, se reclamará el coste sanitario por esta vía. De no haberlo -como ocurrirá en la mayoría de los casos-, la factura se pasará a la cuenta corriente del paciente y, si no la tiene, acabará «en el montón de los impagados», según Sáez.
Baleares El Gobierno de las islas, también del PP, aclaró ayer que cumplirá con lo acordado por el Ministerio de Sanidad, pero no se definió en cómo aplicarlo ya que aseguraron estar ultimando «los flecos».
Murcia, Aragón, La Rioja y Extremadura El resto de comunidades gobernadas por los populares seguirán el mismo principio adoptado por sus compañeros de partido y dispensarán atención sanitaria a los inmigrantes tratando de cobrar por la asistencia no urgente.
Uno de los más claros en este aspecto fue José Ignacio Nieto, consejero de salud de La Rioja, quien aseguró que, aún entrando un paciente sin papeles por urgencias, si el facultativo determina que se ha hecho un uso indebido del servicio, se cobrará el importe al paciente.
Con información de: Xaime Méndez (Madrid), Cristóbal Toledo (Valencia), Germán González (Barcelona), Daniel Álvarez (Palma de Mallorca), María Romero (Toledo) y Natalia Ortiz (Sevilla).