É rase una vez un diputado que llegó al poder con la promesa de recortar las prebendas de los políticos. Un quijote que renunció a su coche oficial nada más jurar el cargo. Un renegado de la casta política que obligó a sus colegas de hemiciclo a rebajarse el sueldo...
El diputado se llama Ignacio Prendes, es un abogado de 47 años y ocupa el único escaño de UPyD en la Junta General del Principado Asturiano. Pero no está solo en su lucha parlamentaria. Ni de lejos. Hasta seis asistentes le ayudan a cumplir sus obligaciones políticas. Todos elegidos por un estricto procedimiento digital. A dedazo limpio.
-Es el mínimo que necesito para desempeñar mi labor... ¡No soy Superman!-, proclama a Crónica el solitario diputado gijonés desde su despacho parlamentario.
A Prendes le irritan las críticas de los otros partidos asturianos. Sus rivales le tachan de demagogo por militar en un partido que clama contra los privilegios de los políticos y, a la vez, disponer de un equipo más propio de un ministro que de un mero diputado autonómico. A sus órdenes trabajan una asesora, un auxiliar, un asistente y una jefa de prensa, más los dos secretarios que le corresponden por su cargo en la mesa de la Cámara. Entre todos cobran 210.154 euros al año.
-¿Es ese «el mínimo» que requiere su cargo?
-Ten en cuenta que soy el único diputado del Grupo Mixto. Tengo los mismos derechos y obligaciones que los demás: estar en todas las comisiones, preparar los debates, hacer el papeleo... Necesito gente que me ayude, no tengo el don de la ubicuidad.
-¿Tanto trabajo tiene?
-Estoy aquí 12-14 horas diarias. De nueve de la mañana a once de la noche. Y mis asistentes también... El sistema de trabajo roza el esclavismo.
En su descargo, el gijonés Prendes puede citar dos atenuantes. Uno, que en la casta abundan los casos como el suyo. El otro, que no esconde sus prebendas: él aceptó posar para Crónica con todo su equipo, mientras que la mayoría de políticos camuflan a su personal de confianza con todo tipo de artimañas. «Yo no tengo nada que ocultar», remacha.
Que su caso se repite lo demuestra el presupuesto anual para asesores de los parlamentos autonómicos. En total, las 17 cámaras dedican unos 15 millones a este concepto: el doble que el Congreso de los Diputados (7,47) y casi diez veces más que el Senado (1,7). Así, el más derrochón es el Parlamento vasco, que gasta 2,76 millones en sus 75 diputados, un millón más que la Cámara Alta, con 266 senadores.
Pero quizá el epítome del dispendio sea el parlamento asturiano. Allí hay más asesores (47) que diputados (44). Se los reparten entre el PSOE (13), el Foro Asturias (10), el PP (10) e IU (8). El año pasado, los asturianos invirtieron 1,77 millones en que sus señorías estuvieran bien aconsejadas.
Estos asesores son ungidos a dedo, sin más criterio de selección que la confianza de sus jefes. Es un flagrante ejemplo de la mamandurria política que Esperanza Aguirre denunció esta semana. Una palabra algo viejuna, pero que parece inventada ayer mismo para describir la hipertrofia de nuestra clase política: «Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente», reza el diccionario de la RAE.
¿Hasta dónde llega la mamandurria de los asesores? Nadie lo sabe: cada institución contrata personal de confianza a su aire, sin rendir cuentas a nadie. No existe un inventario de los asesores que trabajan para el gobierno central, ni las 17 autonomías, ni las 38 diputaciones, ni los 8.116 ayuntamientos, además de los cabildos, los consells, las mancomunidades... Y eso sin contar la tupidísima red de empresas, fundaciones y entes públicos que se tejió en los años de bonanza: más de 4.000 entre las diversas capas del Estado.
El sindicato de funcionarios CSI-F brinda la única estimación del número de asistentes. Según sus cálculos, entre 15.000 y 17.000 asesores pueblan los despachos de todas las capas de la administración. «Al Gobierno no le costaría nada crear un registro único de asesores, con nombres y apellidos, como ocurre con los funcionarios», denuncia su presidente, Miguel Borra. «Pero a los políticos no les interesa que se sepa cuántos asesores hay. Prefieren mantener la opacidad».
La estimación de CSI-F cuadra con las conclusiones del análisis de las cuentas de más de 100 organismos públicos realizado por este suplemento. Gracias a este dato, se puede traducir el despendole de personal en dinero contante y sonante. A 50.000 euros por cabeza, los 17.000 asesores saldrían por 850 millones de euros al año. Es decir, el triple de lo que supondrá el rescate de Murcia, anunciado esta semana.
Lo más parecido a un inventario de asesores es el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas. Allí aparece una casilla (personal eventual) que recoge a quienes realizan «funciones de confianza o asesoramiento especial». Sin embargo, el Gobierno no ofrece datos desglosados de esta categoría, sino que los agrupa con otros trabajadores como los funcionarios interinos. Así, la estadística se vuelve inservible.
-¿Por qué no se ofrecen datos específicos del personal eventual?
-Damos la información que damos, la metodología es esa-, zanjan desde el ministerio de Administraciones Públicas.
De vuelta a Asturias, el diputado Ignacio Prendes, cuyo voto decantó la presidencia del Principado a favor del PSOE, se enfrenta con transparencia a las críticas de sus rivales. Ofrece todos los datos de su equipo, desde su formación -todos tienen estudios universitarios- hasta su sueldo: de los 27.150 de su auxiliar a los 54.300 de su asesora política. «Ella es funcionaria en excedencia, así que no le cuesta un euro al Estado», insiste el diputado, cuyo salario es de 45.426 euros anuales sin dedicación exclusiva, ya que mantiene su despacho de abogado.
-Su jefa, Rosa Díez, opina que en España sobra personal de libre designación...
-En términos generales, estoy de acuerdo. Pero hay que estudiar cada caso... Depende de la labor que haga cada uno. Yo estoy dispuesto a hacer una comparativa de mi productividad con la de cualquier otro diputado.
DE LA CÚSPIDE AL SUELO
La comparación podría empezar por la cúspide de la administración, el Estado Central. Allí se agolpan 853 cargos de confianza, de los que casi un tercio (267) están adscritos a la Presidencia del gobierno. Le sigue el Ministerio de Hacienda, custodio del dinero público, con 161 empleados nombrados a dedo. Después viene el Consejo General del Poder Judicial (69), el Tribunal de Cuentas (33), el Ministerio de Economía (28)...
Sin embargo, estas cifras palidecen ante la corte de asistentes de los 17 miniestados autonómicos. Nadie lo sabe mejor que Esperanza Aguirre, quien reconoció el mes pasado que su comunidad cuenta con 263 cargos de confianza. Además, dos familiares directos de la lideresa pertenecen al gremio de asesores: su hermana Cristina trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y su hijo Álvaro en la secretaría de Estado de Comercio.
Según los cálculos de este suplemento, las autonomías sumarían otros 2.000 asesores al monto global. En La Rioja, por ejemplo, cuentan con medio centenar de cargos eventuales, de los que 18 trabajan para el presidente, Pedro Sanz. Es decir: los riojanos tocan a un asesor autonómico por cada 6.500 vecinos.
Ni una comunidad se libra de esta plaga. Extremadura, por ejemplo, mantiene a 85 asesores, de los que tres corresponden al ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Las cifras se repiten en el resto de autonomías: Cataluña (128), Valencia (102), País Vasco (100), Castilla-La Mancha (93)...
«En España, el partido que controla un gobierno puede nombrar infinidad de asesores y, a la vez, crear una red de entes con plena discreción en política de personal», denuncia Víctor Lapuente, profesor del Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). «Esto genera incentivos perversos para la corrupción... Toda la cadena de decisión de una política determinada está en manos de personas con un mismo objetivo: ganar las elecciones».
El mejor ejemplo son las diputaciones, la capa más discutida de la administración. Nadie ha demostrado la utilidad del medio centenar de instituciones provinciales, entre diputaciones, cabildos y consells, que arrastramos desde hace dos siglos. Pero, además, su generosidad contratadora las ha convertido en un escenario privilegiado de corrupción y caciquismo.
Sólo tres ejemplos. La Diputación de Zaragoza tiene 62 cargos de confianza, 13 más que el gobierno de Aragón, con un presupuesto 30 veces mayor. Vizcaya paga las nóminas de 68 personas de libre designación, incluidos 10 chóferes. En Alicante, tocan a 1,35 asesores por cabeza: los 31 diputados se reparten 42 empleados... y eso tras un gran tijeretazo: al comenzar la legislatura, contaban con 77 asesores.
«Tenemos un problema grave con la colonización de la administración pública por parte de los partidos», dice Francisco Longo, único español en el Comité de Expertos de Administración Pública de la ONU. «Tras un cambio de gobierno, cambian hasta a los gerentes de los hospitales. Y no se usan criterios profesionales, sino de confianza».
Así lo demuestran los datos de la Intervención General del Estado. En 2005, toda la administración local -ayuntamientos, diputaciones, comarcas, consejos, cabildos...- gastó 153,44 millones en «personal eventual de gabinete». Dos años después, la cifra había engordado hasta los 216,35 millones. Y en 2008 -últimos datos disponibles-, con la crisis en pleno auge, este concepto se disparó hasta los 316,25 millones. Es decir, que el derroche en asesores se duplicó en apenas un trienio.
Tal es el descontrol presupuestario que el Gobierno central se plantea intervenir. Así, la nueva ley de Administración Local contempla límites al número de asesores. Por ejemplo, que los Ayuntamientos no tengan más cargos de confianza que concejales. «En una ciudad europea, puede haber dos o tres personas, incluido el alcalde, cuyo sueldo dependa de que su partido gane las elecciones, pero en España son decenas o cientos», denuncia Lapuente.
La medida recortaría de golpe las nóminas de grandes ciudades como Barcelona, con 275 asesores, o Madrid, con 254. En la capital, cuentan con 161 adscritos al gobieno, 90 a los grupos políticos y tres a la presidencia del pleno. Es decir, el séxtuple del tope de 40 que se ha autoimpuesto el Ayuntamiento de París... Y allí ni siquiera completan el cupo: sólo han contratado a 36.
TAMBIÉN EN LOS PEQUEÑOS
La situación se reproduce en ayuntamientos más pequeños como el de Telde (Gran Canaria). Allí tienen 16 asesores, uno por cada miembro del equipo de gobierno. ¿Una mamandurria más? «¡Ni de lejos!», replica indignada la alcaldesa, Mari Carmen Castellanos. «Nuestros asesores trabajan las 24 horas, fines de semana incluidos... ¡Y todo por 2.000 euros al mes!».
Según el CSI-F, estos desvelos de los asesores son innecesarios. Su propuesta es simple: que despidan al 90% de los asistentes y los sustituyan por empleados públicos. «Ahorraríamos cientos de millones y quizá no tendrían que bajar el sueldo a los funcionarios», dice Miguel Borra, su presidente.
En Asturias, Prendes también insiste en la necesidad de ahorrar dinero público. Asegura que, gracias a su insistencia, el parlamento asturiano ha recortado gastos. Han quitado cuatro de los cinco coches oficiales. Han reducido las dietas de los residentes en Oviedo. Han bajado los sueldos de los asesores políticos: antes cobraban 79.504 euros, más que el presidente del Principado. Ahora, sólo perciben 54.300 euros...
-Pero sus rivales siempre le sacan lo de los seis asesores...
-Los otros partidos me tienen unas ganas tremendas... Gracias a mí han tenido que recortar sus privilegios.
-Y usted, ¿no se plantea renunciar a alguno de sus asesores para dar ejemplo?
-Estoy convencido de que es el mínimo que necesito. No voy a renunciar a desempeñar bien mi labor para que no me llamen demagogo.