Las dos palabras menos pronunciadas en una legislatura en la que el PP gobierna guarnecido por su mayoría absoluta, y la oposición no ha querido saber nada de la política de reformas del Ejecutivo, se escucharon ayer en el Congreso por boca, nada más y nada menos, que del ministro del Interior: «Pacto de Estado». Una expresión casi en desuso que Jorge Fernández Díaz utilizó ayer, en toda su dimensión, para ofrecer al PSOE un acuerdo sobre política de inmigración.
Una propuesta que el pasado viernes ya había anticipado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con una llamada al consenso, y que ayer el ministro del Interior remató en el Hemiciclo.
Aunque Fernández Díaz dedicó la primera parte de su intervención a reprochar lo que hacía y decía el PSOE cuando estaba en el Gobierno, acabó planteando la consecución de un pacto para que España pueda acudir a Europa con «autoridad». Su propósito, explicó, es poder defender allí que las fronteras de Ceuta y Melilla «son un problema de la Unión Europea» y no de estas dos ciudades o de Marruecos. Y para ello considera «indispensable» el respaldo del principal partido de la oposición.
Como prueba de la voluntad del Gobierno, el ministro ofreció aclarar previamente lo que ocurrió en Ceuta el 6 de febrero, cuando murieron 15 personas intentando entrar en la ciudad, asunto que ayer le volvía a traer al Congreso a petición del PSOE.
El compromiso de dar nuevas explicaciones se materializará la próxima semana con la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la Comisión de Interior. Allí se aportará a los diputados nueva documentación sobre la tragedia de Ceuta con la única condición, dijo el ministro, de que su entrega sea autorizada antes por la juez que investiga estos hechos.
Los socialistas han exigido tener acceso a las comunicaciones de ese día del operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los informes policiales, una explicación pormenorizada de lo que se ve en los vídeos y todo el resto de documentación que se haya enviado al juzgado. El ministro, si la juez lo permite, se ha comprometido a proporcionar esta información –incluso a enseñar otra que pueda ser «reservada»– para que no existan dudas de lo que pasó. «Se va a saber la verdad –sostuvo– porque hay una investigación judicial».
La promesa del ministro y la presencia del secretario de Estado en la comisión deja en suspenso la reprobación de Fernández Díaz planteada por el PSOE. En la moción subsiguiente a la interpelación de la próxima semana iban a proponer a la Cámara que se diera ese paso contra el ministro. Los socialistas no tenían muy complicado obtener el respaldo del resto de grupos de la oposición. Pero la amenaza de ser el segundo miembro del Gobierno suspendido por toda la oposición –la primera fue Magdalena Álvarez– no explica el cambio de posición en Interior. Ni sobre Ceuta ni sobre el resto.
Su oferta de pacto, según las fuentes consultadas, está ligada a la necesidad de presentarse en Europa con una posición común. El Gobierno español se encuentra en el punto de mira de la UE por la muerte de los 15 inmigrantes. A pesar de sus explicaciones, de mantener que fallecieron en aguas de Marruecos y que no tuvo nada que ver el uso de material antidisturbios, la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, se ha mostrado muy crítica con su versión. El objetivo ahora de Fernández Díaz es defender que existe una posición española sobre inmigración, con la que pretende implicar a la UE y lograr también complicidades en la derecha y la izquierda europeas.