El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sostuvo en 1988 desde su cargo de senador del PP, entonces en la oposición, que el Ministerio que hoy ocupa «necesariamente» tenía que desaparecer.
Con la misma contundencia verbal que le sigue caracterizando, Ruiz-Gallardón defendió en septiembre de 1988 una interpelación dirigida al ministro de Justicia, el socialista Enrique Múgica, en los siguientes términos: «Nuestro grupo cree que cualquier reforma que se plantee en el futuro tiene que pasar necesariamente por la desaparición del Ministerio que usted encarna. Mientras siga existiendo el Ministerio de Justicia, es difícil que desaparezca la burocratización en la Administración; mientras siga existiendo el Ministerio de Justicia, es difícil que aparezca una posible racionalización en cuanto a la administración no ya de los medios personales sino también de los medios materiales necesarios para desarrollarla; mientras el Ministerio de Justicia no desaparezca, es muy difícil llevar a cabo una labor de Administración de Justicia independiente».
«Existe cobertura legal», añadió, «el número 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial». «Para qué el Poder Ejecutivo tiene que administrar la justicia en España? El artículo 122.2 dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. ¿Por qué el Ministerio tiene que incurrir en responsabilidades que afectan al Poder Judicial y que deberían ventilarse única y exclusivamente en autogobierno de la Magistratura?».
Para Ruiz-Gallardón la conclusión era meridiana: «O se suprime el Ministerio de Justicia o ustedes no están acatando el mandato constitucional. La coexistencia del Ministerio y del CGPJ es, en la práctica, absurda e incompatible».
El senador recordó que no era la primera vez que desde el PP se pedía la supresión del Ministerio de Justicia. «Es verdad que yo no tengo la exclusiva de proponérselo por primera vez y es verdad que no va a ser usted el primer ministro que se oponga a ello», dijo. «Pero yo le pregunto: ¿está usted satisfecho de los resultados anteriores? Yo tengo la conciencia política y también jurídica tranquila de, por lo menos, haber sentado las bases para solucionar el caos de la Administración de Justicia en España».
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