Rato rectifica lo que dijo al juez

Admite ahora que sí tenía negocios personales con el asesor de Bankia en la salida a Bolsa

Envía un escrito a Andreu 20 días después de negar vínculos con el presidente de Lazard

El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, se ha visto obligado a rectificar la versión que él mismo dio al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, en la Audiencia Nacional sobre sus relaciones con el asesor en la salida a Bolsa del banco. En una iniciativa inusual, el ex vicepresidente del Gobierno ha decidido admitir en un escrito enviado al juez y al que ha tenido acceso EL MUNDO que tenía una sociedad con el presidente en España del banco de inversión Lazard, Jaime Castellanos, pese a haberlo negado expresamente en sede judicial.

Este diario publicó el pasado día 21, que Andreu en persona preguntó a Rato si le parecía ético que Bankia hubiera contratado a Lazard como asesor en la salida a Bolsa. Se basó en que no solo Rato había trabajado en el banco de inversión antes de ser presidente de Bankia, sino que en pleno lanzamiento al parqué del banco, Rato era socio de Castellanos.

Rato negó entonces al juez que tuviera negocios con el presidente de Lazard en España, cuando, según el Registro Mercantil, sí son socios en la entidad de gestión inmobiliaria Paracuga S.L, según publicó aquel día este diario.

Unión Progreso y Democracia (UPyD), promotor de la querella de Bankia, solicitó el pasado día 9 que el juez llamara a declarar a Castellanos como testigo y aclarar lo sucedido. Un día después de esa iniciativa del partido que lidera Rosa Díez, el abogado de Rato, Ignacio Ayala, presentó un escrito «para complementar» el testimonio del ex presidente de Bankia. En él señala que «el pasado día 20 de diciembre de 2012 tuvo lugar la toma de declaración de nuestro representado Don Rodrigo De Rato Figaredo. En su transcurso y en contestación a preguntas del Ilustrísimo Magistrado Instructor, manifestó que no había desarrollado negocio alguno con D. Jaime Castellanos Borrego. A fin de complementar dicha manifestación y siguiendo expresas indicaciones de nuestro mandante, queremos poner de manifiesto que D. Rodrigo de Rato Figaredo, D. Jaime Castellanos Borrego y otras personas, constituyeron en fecha de 30 de octubre de 2009, la sociedad mercantil Paracuga S.L.», señala en su escrito Ignacio Ayala.

En el documento, el ex ministro asegura que «dicha entidad no ha realizado operación mercantil de clase alguna y el 30 de octubre de 2012 elevó a público su acuerdo social de disolución, liquidación y extinción que fue presentado al Registro Mercantil el 29 de noviembre de 2012».

No obstante, admite que sigue compartiendo un negocio con el presidente de Lazard: «Tanto el señor Rato Figaredo como el señor Castellanos Borrego -con otras personas- forman parte de una comunidad de bienes titular registral de un único bien consistente en un local comercial en Alcorcón (Madrid) el cual es objeto de arrendamiento a terceros». Según pudo saber este diario, no fue el fiscal, sino el propio juez el que preguntó a Rato por Lazard en lo que fue el momento más tenso de la declaración del ex banquero.

Rato asegura en el escrito que el hecho de no haberlo mencionado en un primer momento al juez no quiere decir que no lo tenga declarado a Hacienda: «Las referidas situaciones patrimoniales de las que es titular nuestro representado se encuentran debidamente reflejadas en sus declaraciones tributarias», según el escrito del abogado.

Por su parte, el abogado y diputado de UPyD, Andrés Herzog, aseguró ayer en rueda de prensa que es «fundamental» que el ministro de Economía, Luis de Guindos, declare en la Audiencia Nacional y explique las razones por las que rechazó el plan de saneamiento de Bankia que poco antes había pedido al ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato.

El ex banquero reveló en su declaración a Andreu que unos días antes de su dimisión, el Ministerio de Economía le pidió que realizara un nuevo plan de saneamiento sobre la entidad al considerar que el anterior plan de capitalización, que tenía el aval del Banco de España, no era viable. Rato explicó que se sintió desautorizado por «las autoridades» y que eso le llevó a dimitir.

La Fiscalía Anticorrupción estudia la petición de UPyD y el ministro afirmó ayer no tener objeciones. «Estoy a disposición de los órganos jurisdiccionales», declaró ayer al ser preguntado en rueda de prensa en al sede del Partido Popular, a la que acudió para informar a dirigentes y parlamentarios sobre la situación económica del país.